El gobierno
argentino logró un amplio respaldo para la expropiación del 51% de las acciones
de YPF, la emblemática compañía petrolera que nació como empresa estatal y
sobrevivió a frecuentes asedios hasta que fue finalmente privatizada durante el
gobierno de Carlos Menem en los años ´90.
La ley que
expropió el paquete accionario en manos de Repsol contó en el Congreso con los
votos del oficialismo, el centroizquierda, más la mayoría de los radicales y
hasta de algunos justicialistas disidentes. El PRO, el partido de la derecha
naif, fue el único bloque opositor, pero ni siquiera éstos pudieron justificar
el desempeño de Repsol.
Repsol compró
YPF, la mayor empresa argentina durante décadas, en 1997 mediante una operación
viciada de irregularidades que hoy olvidan los defensores de la "seguridad
jurídica". Hija de una ingeniería jurídica aportada por la consultora de
Henry Kissinger y de los cabildeos de los más importantes personeros del PSOE y
del PP, Repsol cayó en su propia trampa. Durante su gestión privilegió la
rentabilidad de la compañía a expensas de la inversión en exploración y de las
reservas. Hay estudios que demuestran cómo los beneficios generados por YPF
financiaron la expansión de Repsol en otras partes, con la pretensión de ser
una transnacional que buscaba sentarse a la mesa de los grandes jugadores del
negocio petrolero mundial. En la estrecha mirada de la financiarización la cosa
funcionó: pagó por YPF una bicoca y la ordeñó hasta extenuarla. Mientras
mantuvo el control de YPF se calcula que Repsol tuvo beneficios netos por más
de 16.000 millones de dólares y repartió dividendos por 13.246 millones.
Ya en el
primer año del gobierno de Néstor Kirchner los números eran alarmantes, las
inversiones de YPF y del resto de las petroleras habían caído más del 50 por
ciento con respecto al comienzo del Siglo, que por cierto no eran muy
saludables en tiempos del desplome del gobierno de Fernando de la Rúa. Sin
embargo, la verdadera historia del vaciamiento se la llevarán a la tumba
Alfonso Cortina y Antonio Brufau.
Entre los
múltiples interrogantes está el motivo por el que YPF-Repsol pasó de distribuir
430 millones de dólares por año a los 1.419 millones de promedio anual pagados
entre 2003 y 2010. Algunas de las respuestas las tiene el propio gobierno
argentino que acordó con los directivos de la compañía la estrategia general y
cuyos representantes en el directorio de Repsol-YPF aprobaron sin objeción
todos los balances.
El gobierno
argentino salió fortalecido políticamente de esta operación, con una iniciativa
que supo convertir la necesidad en una virtud. Oxígeno necesario en momentos de
una caída de la imagen a pocos meses del triunfo electoral, por acusaciones de
corrupción que involucran al vicepresidente, Amado Boudou, la catástrofe
ferroviaria de febrero último, que precipitó la renuncia del secretario de
Transporte, y una ola de huelgas y conflictos sociales.
La Argentina
enfrenta una grave crisis energética, que paradójicamente se profundiza con el
crecimiento del PBI de los últimos años, pasando en una década del
autoabastecimiento en petróleo y gas a desembolsar más de 9.000 millones de
dólares en 2011 por importación de hidrocarburos, con números en aumento para
este año.
Sin embargo,
el gran impacto simbólico de la recuperación de YPF no alcanza para explicar
los interrogantes sobre el futuro de la empresa y salir del déficit de la
balanza energética. En primer lugar pocos ponen en duda que durante la
administración Kirchner existió una luz verde para que las compañías petroleras
exportaran sin limitaciones, con libre disponibilidad del uso de las divisas,
sin ser auditadas por el Estado ni obligadas a realizar inversiones. Y esta
franquicia no fue sólo para YFF-Repsol, que controla apenas el 34% del mercado,
sino para el resto de las compañías petroleras que operan en Argentina. Todas estas
ventajas hasta ahora no han sido revisadas. Además, el 51% del paquete de YPF
que se ha expropiado no es del gobierno central, porque casi la mitad pasa a
manos de los gobernadores de las provincias petroleras, tan poco confiables en
temas de lealtad política y del bien común. Asimismo el gobierno no explicó por
qué le deja casi un cuarto del paquete accionario de YPF al grupo
Petersen-Esquenazi, que no puso un euro, dando por consiguiente un buen
pretexto para la inusual distribución de dividendos para posibilitar el auto
pago del nuevo socio.
Para retomar
verdaderamente el control estratégico de los recursos naturales, el gobierno
argentino tendría que tomar el total del paquete accionario, al tiempo que
derogar las leyes y decretos que en los años ´90 desregularon la actividad,
tanto del petróleo, del gas como de la gran minería. Quedó como asignatura
pendiente, el debate sobre el futuro de la energía en Argentina, que pasó en
pocos años de exportador neto a importador neto.
Tanto el
camino que anticipa la ley de expropiación sancionada como los anuncios
oficiales son buscar "acuerdos estratégicos" con petroleras
internacionales, lo que permitiría inversiones en exploración y de este modo
mayores reservas. Pero es la explotación del yacimiento de hidrocarburos no
convencionales de Vaca Muerta y la exploración en la plataforma offshore del
Atlántico Sur donde se fraguan esos acuerdos estratégicos. El yacimiento de
Vaca Muerta, que ya los expertos conocían a finales de los años ´70 –
impracticable entonces por la tecnología disponible y porque el bajo precio
internacional del barril de crudo lo hacía inviable - hoy se mira con codicia.
Existe la tecnología y con el barril por arriba de los 100 dólares el negocio
es altamente rentable. Sin embargo, implica cuantiosas inversiones, algunos
estiman cercana a los 49.000 millones de dólares, supone además un debate sobre
el impacto ambiental de su explotación. De todos modos, si el petróleo ha
llevado y sigue llevando a la guerra ¿por qué no hincarle el diente a la Vaca
Muerta? Y muerto el rey, la Exxon no esperó ni que velaran a Repsol para decir
a las autoridades argentinas que quiere entrar en el negocio. Bufetes jurídicos
de Nueva York - el de Kissinger parece que esta vez no estará entre ellos -
están preparando los protocolos y contactando al embajador argentino en
Washington.
El nuevo
titular de YPF, Miguel Galuccio, aunque joven, tiene experiencia en este campo.
Actualmente trabajaba en Londres para Schlumberger y en los '90 fue la mano
derecha de Roberto Monti, presidente de la petrolera argentina en tiempos de
Menem, cuando se la vendió a Repsol. Lo secundará en la tarea otro experto,
también con experiencia técnica y operativo en Schumberger.
Mientras
tanto, las relaciones entre el Gobierno Rajoy y la Administración K han quedado
seriamente dañadas. Tras los iniciales exabruptos patrióticos en defensa de la
"Marca España" del ministro de asuntos exteriores Garcia-Margallo
–obligado por una coherencia que ha limitado a este solo tema la política
exterior del Reino-, la presión de la propia Repsol y del resto de las empresas
transnacionales españolas en Argentina ha ido moderando el tono de las
protestas del Gobierno Rajoy. La búsqueda del "justiprecio" por la
expropiación y la defensa de la "seguridad jurídica" del resto de las
inversiones de las transnacionales españolas en Argentina han sustituido a la
retórica de la ilegalidad de la "confiscación", la amenaza de males
mayores, la petición de apoyo a la UE y EE UU y el chantaje con una larga
cadena de pleitos internacionales contra el gobierno argentino y las empresas
petroleras que quieran invertir en la nueva YPF.
Como
oportunamente puso de relieve el ministro de industria español Soria, en su
intervención ante la comisión parlamentaria del ramo, el pasado 24 de abril
(http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/CO_083.PDF), su
principal objetivo político había pasado a ser interno. El Gobierno Rajoy
necesitaba ante todo demostrar que "había hecho todo lo posible" por
negociar con la Administración de Fernández-Kichner desde hacía meses. El 28 de
febrero el propio Soria había viajado a Buenos Aires para reunirse con los
ministros argentinos de planificación y economía y llegar a un "acuerdo
entre gobiernos y países amigos". Pero que el único acuerdo
alcanzado fue la constitución de dos grupos de trabajo para "limar
diferencias entre las dos partes", que nunca llegaron a constituirse
porque la parte argentina ni comunicó su delegación ni fijó fechas de
reunión. Previamente, tampoco habían tenido ningún resultado Brufau el 12
de abril ni una carta de Rajoy a Cristina Fernández-Kichner.
Consciente de
que el principal punto débil de la defensa de Repsol es el volumen de sus
inversiones en Argentina, Soria aseguró que estas habían sido de unos 20.000 millones
en total desde 1999 –cuando adquirió YPF por 15.000 millones de dólares-, de
los cuales 3.200 en exploración y explotación en 2011, cuando contribuyó a las
arcas del fisco argentino con 6.000 millones de impuestos. Por otro lado, el
representante argentino en el consejo de administración de YPF nunca objetó a
la política de inversiones seguida y la propia Presidenta Fernández-Kichner se
había deshecho en elogios a Repsol como "socio estratégico" de la
política energética argentina.
Salvado así
el honor del Gobierno Rajoy en su defensa de la "Marca España", el
pragmatismo venía impuesto por la falta de apoyos cosechados en EE UU y la UE.
En el primer caso, García-Margallo expresó públicamente su insatisfacción –a
diferencia de Aznar en 1991- por la falta de pronunciamientos de la
Administración Obama. Falta relativa, porque todos los indicios apuntan a que
la operación de nacionalización parcial de YPF de la Administración
Fernández-Kichner ha contado con el visto bueno de EE UU, que espera no solo la
entrada de sus compañías en la explotación de Vaca Muerta como inversores, sino
también mediante la transferencia de la tecnología de extracción de
hidrocarburos en pizarras y la venta de maquinaria en los próximos cinco años.
En el caso de la UE, más allá de las declaraciones sin consecuencias de la
Comisión y del Parlamento Europeo, en nada afecta la presión del Gobierno Rajoy
al proceso de negociación del Acuerdo Estratégico con Mercosur. En definitiva,
la dignidad del Gobierno Rajoy se ha contentado con una extraña retorsión por
la pérfida estrategia de desvalorización de los activos de YPF previos a la
nacionalización, acabando con la importación preferente a precios inferiores de
biodiesel argentino para favorecer los más caros producidos en España y la UE,
que solo afecta al propio Repsol. Y este, por su parte, ha cancelado la venta
de gas licuado ya contratado por Argentina, lo que la obligará a desembolsar 61
millones de dólares más en su factura de importaciones energéticas.
En el debate
parlamentario, el Gobierno Rajoy contó con el apoyo de todos los grupos
políticos, muy especialmente del PSOE –que basó su argumentación en la
"opinión técnica" de Mario Vargas Llosa- y la sola excepción de la
Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Ya se habían encargado Repsol y el resto de
las multinacionales españolas en hacer llegar el mensaje de que preferían
negociar solas sus intereses que dejarlos en manos de la diplomacia de la
"Marca España" y tras los consabidos exhortos a la "seguridad
jurídica" y al "populismo peronista", se priorizaron las
relaciones fraternales entre los pueblos español y argentino.
Lo que no
quiere decir que las heridas no estén abiertas. Repsol se ha dedicado a
resguardar el resto de sus inversiones en América Latina, sobre todo en Venezuela,
Cuba y Bolivia. En el primer caso, asegurando su papel de "socio
estratégico" en pleno período electoral y sus compromisos inversores para
la exploración de pozos en el segundo. En el tercer caso, Evo Morales compensó
la nacionalización de Transportadora de Electricidad –prácticamente
descapitalizada por completo por la empresa matriz Red Eléctrica Española- con
una entusiasta acogida a Brufau, convertido en modelo de virtudes
empresariales, en Bolivia, lo que ha vuelto a despertar todos los prejuicios
coloniales sobre la buena fe indígena y la perfidia criolla a pocos meses de la
celebración de la Cumbre Iberoamericana dedicada a las Cortes de Cádiz de 1812.
Pero sobre
todo, al transformar hispanamente la dignidad política en prurito jurídico,
tanto el Gobierno Rajoy como Repsol se preparan para litigar por el justiprecio
de su parte (8.140 millones de dólares) y asediar a base de pleitos
internacionales a la nueva YPF y la Administración Fernández-Kichner, que de
manera bien criolla cuenta en su haber con el 50% de los casos en trámite en el
Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI). Repsol ha hecho saber por
escrito a todas las grandes empresas petroleras que las llevará a juicio si
intentan aprovecharse de la situación de YPF tras la "confiscación".
Por último y
por si hubiera dudas, Repsol ha presentado sus resultados del primer trimestre
del 2012
(http://www.repsol.com/es_es/corporacion/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera/resultados_trimestrales/default.aspx)
con y sin YPF. En el primer caso, sus beneficios hubieran sido de 792 millones
de euros (un 3,5% más), y en el segundo son de 643 millones de euros (un 12,4%
más que en el mismo período sin YPF), lo que no puede por menos que satisfacer
a todos. El incrementó de los precios de los carburantes, la normalización de
sus explotaciones en Libia, los mayores resultados de sus operaciones en gas
licuado y el descubrimiento de nuevas reservas muy importantes de hidrocarburos
en Päo de Açúcar, Brasil, han vuelto a situar el precio de sus acciones en 14,8
euros, mientras Bernstein Reseach alaba su capacidad exploratoria y RBC Capital
Markets da por superados "los fuertes sentimientos negativos que pesaban
sobre sus acciones" (FT 11-5-2012). Falso queritor….
Mendoza de Argentina
(www.mdzol.com/mdz/nota)
REPSOL
DIO EL PRIMER PASO PARA LLEVAR YPF A UN ARBITRAJE INTERNACIONAL
La
petrolera española le envió una carta a Cristina Fernández en la cual declara
una controversia en la expropiación, que podría dirimirse ante el CIADI.
Urgente 24 de Argentina
(www.urgente24.com)
Repsol
remitió una carta a la Presidente de la Argentina, Cristina Fernández,
en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del
51% de YPF, con lo que la petrolera española dio el primer paso para llevar el
caso a un arbitraje internacional.
La compañía
considera que la actuación del Gobierno argentino vulnera el Tratado de
Promoción y Protección de Inversiones y que esta controversia debe dirimirse
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) del Banco Mundial, explicaron a Efe fuentes de Repsol.
A partir de
ahora se abre un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un
acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante
el Ciadi.
Aunque el
ministro de Planificación, Julio de Vido, declaró a la televisión venezolana
que "Repsol ya ha presentado su caso en el Ciadi", sin dar más
detalles, en realidad lo que ha hecho la compañía española es dar el paso
previo.
Según la
empresa española, la expropiación de YPF implica una violación de los
compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la
Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina.
Los Tratados
de Promoción y Protección de Inversiones (APPRIs) son tratados bilaterales de
naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger,
en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los
inversores de cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su
objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que
permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces
afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele
enfrentar la empresa en el exterior. Son suscritos principalmente con países no
miembros de la OCDE.
La petrolera
pedirá la reintegración de YPF o la reparación de los daños y
perjuicios. En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos
compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten
en caso de discrepancias o controversias dirimirlas en un foro más neutral que
la de los tribunales del propio Estado que adopta las medidas que afectan
negativamente a esas inversiones extranjeras.
Con la
notificación, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones
legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren ilícitos y se
condene a Argentina a la reintegración o a la reparación integral de los daños
y perjuicios que hayan podido ocasionar.
Según la
argumentación de la compañía española, Argentina ha violado diversas reglas del
Tratado, comenzando por la obligación de no nacionalizar o expropiar las
inversiones de Repsol, o de someterlas a medidas de efecto equivalente, que “en
ningún caso [podrán] ser discriminatoria[s]”, salvo por causas de utilidad
pública y contra el pago de una indemnización adecuada y sin demora (artículo V
del Tratado), puiblica el diario El País.
Además, la
compañía española considera que la expropiación de las inversiones de Repsol es
ilícita y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el
citado Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una
indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.
Repsol
argumenta que Argentina ha violado la obligación de garantizar un “tratamiento
justo y equitativo” a las inversiones (a lo que obliga el artículo IV.1 del
Tratado), puesto que las medidas adoptadas han alterado por completo el marco
jurídico y económico de la inversión de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol
Butano en Repsol YPF Gas.
También
Argentina ha violado su compromiso internacional de no obstaculizar en modo
alguno, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el
mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta, o, en su
caso, la liquidación de tales inversiones (incumpliendo el artículo III.1 del
Tratado), según la empresa.
La compañía
cree que es evidente que los decretos de intervención y la Ley expropiatoria
actúan solamente en contra de los intereses de Repsol, sin interferir
directamente en la participación de los demás accionistas de YPF y de Repsol
YPF Gas, ni afectar a cualquier otra compañía de hidrocarburos presente en el
país.
La
argumentación española concluye que todo esto pone de manifiesto que se trata
de medidas de carácter singular contra Repsol, abiertamente contrarias al
principio de paridad de trato y contradiciendo también claramente lo previsto
en el citado artículo V del Tratado, según el cual “en ningún caso [la
expropiación] deberá ser discriminatoria”. Por ello, también han sido
infringidas las disposiciones del Tratado sobre paridad con el trato al
nacional (artículo IV.5 del Tratado) y el tratamiento de la nación más
favorecida (artículo IV.2 del Tratado).
La petrolera
española, según anunció su presidente, Antonio Brufau tras la nacionalización
por decreto de su filial el 17 de abril, pedirá al organismo de arbitraje que
imponga una compensación de 10.500 millones de dólares (8.160 millones de euros
al cambio actual) por su participación del 51% en YPF que ha pasado a manos del
Estado argentino, a lo que podrían sumarse cantidades adicionales.
Otras
empresas españolas con presencia en Argentina también han acudido al Ciadi para
dirimir sus conflictos. Este ha sido el caso de Telefónica, Endesa, Gas Natural
y Aguas de Barcelona, aunque algunas de ellas acabaron por llegar a soluciones
negociadas.
Merrill
Lynch advierte sobre las inversiones en Venezuela y Perú
¿NUEVA
OLA DE NACIONALIZACIONES EN AMÉRICA LATINA?
Argentina
y Bolivia han sido los primeros en mover ficha. Merrill Lynch advierte de una
posible tendencia nacionalizadora que afectaría a las empresas extranjeras
situadas en América Latina. Venezuela y Perú podrían ser las siguientes.
Cinco Días de España (www.cincodias.com/articulo/empresas)
¿Ha sido la
reciente expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino el
pistoletazo de salida en una carrera nacionalizadora? Apenas una semana
después, Evo Morales, presidente de Bolivia, siguió el ritmo de Cristina
Kirchner y anunció la expropiación de una filial de Red Eléctrica.
Los países de
América Latina han vivido numerosos ciclos de nacionalizaciones
/privatizaciones a lo largo de sus historia. Así lo recuerda el banco
estadounidense Merrill Lynch, que además de definir una serie de rasgos comunes
y característicos de estos ciclos vividos en el pasado, sugiere que podríamos
estar asistiendo a una nueva ola.
Los sectores
más propicios son los relacionados con los recursos naturales y la energía.
Además, las nacionalizaciones son más frecuentes en épocas en que se dispara el
precio de las materias primas. Los contratos de explotación suelen carecer de
cláusulas de ajuste de precios y los países de origen sufren de fuertes
desequilibrios en la distribución de la riqueza.
Una vez
agitado, el cóctel preparado por Merrill Lynch produce la siguiente secuencia:
el alza en los precios provoca un aumento de la inflación, pero los gobiernos
no permiten subir las tarifas de las energéticas. Como consecuencia, las
compañías reducen la inversión, y al cabo de pocos años, la calidad de servicio
empeora y la presión política en el país de origen aumenta en dirección a una
expropiación.
El caso de
YPF en Argentina corresponde con este patrón. Pero la pregunta principal es si
este primer hito marca un cambio en las políticas energéticas del país.
"No promocionamos las nacionalizaciones, pero nos centramos en recuperar
los recursos naturales", ha dicho Kirchner en los últimos días. Los medios
argentinos han insinuado que la nueva diana expropiadora se centrará en el
sector minero.
En todo caso,
Merrill no espera que ocurra otra nacionalización en que coincidan los dos
factores claves del caso YPF. Por un lado, el apoyo popular (un 62% de la
población apoyó la media según las encuestas manejadas por los analistas). En
segundo lugar, el Gobierno podrá sacar beneficios rápidamente tras el descubrimiento de nuevos yacimientos. El resto de
energéticas situadas en Argentina no poseen ese potencial ahora mismo.
La firma
estadounidense augura más nacionalizaciones en Venezuela en caso de que Hugo
Chávez logre la reelección en los comicios presidenciales de octubre. La
prácticamente nula capacidad de los inversores extranjeros para exigir una
sanción o una contraprestación en respuesta a las acciones del Estado
venezolano juega a su favor. Marrill Lynch cree además que a nivel de imagen,
Chávez ya tiene más que amortizado el coste a pagar por sus decisiones, como
las expropiaciones en el sector petrolero. Recientemente se ha conocido el
laudo arbitral por el que Venezuela petrolera, PDVSA, ha pagado alrededor de un
10% de lo que Exxon le reclamaba.
Merrill Lynch
cree que el objetivo de Chávez serán los bancos extranjeros. En todo caso no
prevén movimientos hasta prácticamente el día antes de las elecciones o
inmediatamente después. También ve riesgo en el sector de las clínicas
privadas, farmacéuticas o aerolíneas.
Perú es la
tercera zona caliente a la que apunta la firma estadounidense. El nuevo
presidente, Ollanta Humalla, está enviando señales de confianza al sector
privado extranjero, sobre todo al minero. Pero advierten de la poca madurez del
sector en el país y alertan de una serie de riesgos: la importante brecha en la
distribución de la riqueza, mucha dependencia de las recursos naturales y un
fracturado sistema de partidos.
En el resto
de países no encuentran tantas incertidumbres. Brasil ha reconocido como
prioridad atraer la inversión extranjera en los próximos años. En México ningún
candidato a las próximas presidenciales está agitando el discurso con la carta
de la nacionalización; en Colombia, la combinación de instituciones fuertes y
gobierno de centro-derecha tiene prácticamente tal posibilidad.
PROTECCIONISMO
SUPONDRÁ “FRACASO” PARA A. LATINA
El
presidente mexicano, Felipe Calderón, afirmó que si no se corrige a tiempo esta
“tentación proteccionista” en América Latina, la región se verá envuelta en un
fracaso económico que supondrá un “tropiezo enorme” para la zona. E hizo
referencia especial a la Argentina y Bolivia, quienes han estatizado empresas
españolas que trabajaban en esos países.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
“En América
Latina se piensa que para exportar más hay que cerrar las importaciones, y eso
trae un fracaso, que va a ser el peor que pueda tener el crecimiento económico
de la región”, dijo ayer el mandatario en la inauguración del foro “El futuro
de los negocios en América”, organizado por la Cámara Americana de Comercio de
México.
Durante los
próximos dos días, numerosos líderes políticos y empresariales dialogarán en
Ciudad de México sobre la situación actual de la economía de la región, así
como el futuro dentro del contexto de crisis económica internacional.
“Tema
fundamental”
Aunque estaba
previsto que la intervención de Calderón versara sobre Latinoamérica en el
contexto de la agenda del G20 –grupo que este año preside México–, Calderón
dijo que prefería cambiar su tema e insistir en “un tema fundamental” como es
“el dilema” de si se debe proteger o no las economías locales.
El mandatario
mexicano se refirió así a la decisión de la presidenta argentina, Cristina
Fernández, de ordenar el 16 de abril pasado la expropiación de las acciones de
la petrolera española Repsol en su filial argentina, YPF.
Pocos días
después, el gobernante boliviano, Evo Morales, anunciaba la expropiación de las
acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la empresa Transportadora de
Electricidad (TDE) de energía boliviana.
Un “gran
error”
“El gran
error de América Latina es perder las coordenadas, pensar en que la salida es
proteger los mercados nacionales contra el comercio y proteger los intereses
nacionales contra la inversión extranjera”, apuntó.
“Ese error le
puede costar el más serio tropiezo, que no merece nuestra América Latina”,
insistió el presidente.
Para
Calderón, en estos momentos de crisis económica el mundo necesita más comercio
y la competitividad se da en la apertura comercial y no en el cierre.
“El mundo
necesita más inversión y no menos, más inversión multinacional, global, y para
ello requiere mucha más certidumbre jurídica que nunca”, aseveró.
EE.UU.
IMAGINA UN PAÍS DEMOCRÁTICO A SU ESTILO Y PARA ELLO ABORDA HASTA CÓMO DEBEN SER
LAS FF.AA.
El Telégrafo de Ecuador
(www.telegrafo.com.ec)
Y la embajada
pasa de las palabras a los hechos y con acciones concretas.
Objetivo 1: “Desarrollar líderes para el futuro”.
Objetivo 1: “Desarrollar líderes para el futuro”.
Contexto: “Ya
hemos comenzado la construcción de esta red, discutimos los problemas
fundamentales con los contactos de la embajada y aliados posibles. (…) Algunos
de nuestros contactos han tomado el asunto en sus propias manos (…) se han
unido y están difundiendo un nuevo programa de radio dedicado a cambiar las
actitudes. Otro grupo ha propuesto la creación de un grupo de expertos (…) para
cambiar el discurso público sobre numerosos temas”.
Acciones:
“Creación de asociaciones de alumnos nuevos, entre ellos antiguos alumnos de
los programas de intercambio de las universidades de EE.UU. para promover el
intercambio de experiencias y fomentar el apoyo a las reformas. Ayudar a los
grupos privados que busquen establecer grupos de reflexión orientados a la
promoción de políticas sobre una agenda centrada en la democracia, la
estabilidad y la liberalización económica”.
“Establecer
uno o más programas de premios administrados para los aliados de Ecuador,
para reconocer el liderazgo en los sectores público y privado”. Esto en clara
referencia a los premios de responsabilidad social, que por cierto, se han
puesto muy de moda en el Ecuador precisamente a partir de 2005.
Objetivo 2:
“Ayudar a cambiar las actitudes de los ecuatorianos, su percepción de
democracia, de la liberalización económica, de la política exterior responsable
y de los EE.UU.”.
Contexto:
“Ecuador está plagado de una serie de actitudes de autoderrota que representan
un grave obstáculo para la consolidación de la democracia (…) el primero es un
paternalismo que se remonta a la época precolombina, se ha reforzado
fuertemente tras la experiencia colonial y ha continuado en la era moderna con
las políticas estatistas en todos los niveles. Hay un consenso general entre
los ecuatorianos de que el patrón ahora es el Estado. Los ecuatorianos también
abarcan un nacionalismo chauvinista, cualquier idea o acto puede
ser demostrado como traición a la soberanía en cualquier sentido. Estos
factores logran hacer el terreno propicio para los llamados populistas, la
retórica izquierdista y el dogma clásico de antiestadounidense”.
“Para ayudar
a cambiar las actitudes ecuatorianas (…) tenemos que demostrar que el Gobierno de
Estados Unidos está interesado en el desarrollo social, económico y político
del Ecuador y tenemos que ser más visibles en contar con el crédito público”.
Acciones:
“Establecer un grupo de trabajo de difusión pública para ampliar las
actividades de divulgación y explicar con mayor eficacia los intereses y metas
del Gobierno de los EE.UU (…). Identificar los sectores, regiones, las
instituciones relevantes a los intereses de la política de Estados Unidos.
Traer expertos de los EE.UU. y comunicadores para ampliar el debate sobre
cuestiones prioritarias como la democracia, la reforma a la educación, la
reforma a las pensiones, los sistemas de salud, las reformas del sector del
petróleo, las reformas del sector eléctrico, las telecomunicaciones”.
Objetivo 3:
“Mejorar la calidad de la educación, crear un capital humano
económicamente más competitivo y mejor preparado”.
Contexto: “El
dogma izquierdista impregna los programas de educación básica a través de las
universidades. Los cubanos y los venezolanos están aumentando su presencia en
la educación aquí, los niños excepcionales de las clases bajas tienen más
probabilidades de acceder a la educación superior en el extranjero en Cuba que
en los EE.UU.
Hay pocos
incentivos para que las élites promuevan mejoras en la educación, ya que
sus hijos asisten a escuelas privadas o universidades extranjeras”.
Acciones:
“Evaluar la capacidad de Gobierno de Estados Unidos para ampliar su trabajo
directamente en la educación básica o para apoyar los esfuerzos de las fundaciones
internacionales o los bancos multilaterales. Identificar experiencias exitosas
de otros países de América Latina que podrían servir como modelos. Revisar los
programas oficiales y privados de intercambio binacional de educación y las
posibilidades de expansión. Traer expertos de otros países de América
Latina para promover el debate de la reforma educativa. Estudiar la
manera en que podamos ampliar el número de programas privados de intercambio de
jóvenes de las escuelas secundarias. Fomentar el enlace entre
universidades binacionales. Ampliar y promocionar entre los estudiantes
ecuatorianos las becas para programas de educación superior en los
EE.UU. Explorar las oportunidades para ampliar los programas de estudio
del idioma Inglés entre los jóvenes como un vehículo para mejorar la
comprensión de la economía de Estados Unidos, la democracia de mercado, y para
mejorar la calidad de los maestros”.
Objetivo 4:
“Premiar ejemplos de localidades ecuatorianas donde la reforma integral y
programas de desarrollo se estén trabajando”.
Contexto: “El
incumplimiento reiterado a nivel del Gobierno central para mejorar la
vida de los ecuatorianos los ha dejado pesimistas sobre el cambio y
sospechosos de las reformas prometidas (…). Queda, sin embargo, una actitud
positiva sobre la capacidad que ofrecen los gobiernos locales. Al poner
de relieve los muchos ejemplos positivos del éxito de las reformas a nivel
local, podemos ayudar a expandir y asegurar el espacio político para aquellos
que persiguen el cambio y restringir el poder de aquellos que activamente
sabotean estos esfuerzos”.
Acciones: “Diseñar un proyecto que refleje el concepto de ‘Cuenta el Desafío del Milenio’ ‘Millennium Challenge Account’, para que localidades medianas y pequeñas compitan por un programa de desarrollo basado en reformas políticas orientadas a atacar la corrupción”.
Acciones: “Diseñar un proyecto que refleje el concepto de ‘Cuenta el Desafío del Milenio’ ‘Millennium Challenge Account’, para que localidades medianas y pequeñas compitan por un programa de desarrollo basado en reformas políticas orientadas a atacar la corrupción”.
Objetivo 5:
Reducir la corrupción.
Contexto: “El
déficit de credibilidad y solidez de las instituciones en el
Ecuador no puede ser superado si la corrupción se convierte en la norma y
no en la excepción”.
Acciones: “Establecer un grupo de trabajo en la embajada para luchar contra la corrupción”.
“Recopilar información sobre ecuatorianos corruptos e inhabilitar 212F -código de referencia para visas retiradas a personas que perjudiquen los intereses de EE.UU.- Trabajar con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para dinamizar las investigaciones de los ecuatorianos corruptos en los EE.UU.”.
“Apoyar la aplicación efectiva de la nueva legislación para prevenir el lavado de dinero”.
“Apoyar el desarrollo, aprobación e implementación de una ley de competencia, antimonopolio por parte del Gobierno”.
“Desarrollar propuestas de vigilancia ciudadana sobre las finanzas públicas locales”.
Objetivo 6: “Promoción de un ejército profesional (…) con una mejor comprensión de la función apropiada de los militares en la democracia”.
Acciones: “Establecer un grupo de trabajo en la embajada para luchar contra la corrupción”.
“Recopilar información sobre ecuatorianos corruptos e inhabilitar 212F -código de referencia para visas retiradas a personas que perjudiquen los intereses de EE.UU.- Trabajar con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para dinamizar las investigaciones de los ecuatorianos corruptos en los EE.UU.”.
“Apoyar la aplicación efectiva de la nueva legislación para prevenir el lavado de dinero”.
“Apoyar el desarrollo, aprobación e implementación de una ley de competencia, antimonopolio por parte del Gobierno”.
“Desarrollar propuestas de vigilancia ciudadana sobre las finanzas públicas locales”.
Objetivo 6: “Promoción de un ejército profesional (…) con una mejor comprensión de la función apropiada de los militares en la democracia”.
Contexto:
“Aunque ninguno de los cambios de gobierno en los últimos 25 años pueden ser
clasificados como de golpe militar, el Ejército ecuatoriano ha jugado un papel
importante en la caída de tres presidentes elegidos democráticamente en
la última década. Los militares deben entender que su papel no les
permite ‘retirar el apoyo’ a un presidente electo, porque eso
permite su caída. El Ejército también debe ser eliminado de la competencia en
la empresa privada (…), poner fin a su participación en numerosas empresas
comerciales, o competir pero no desplazar el desarrollo al sector
privado”.
Acciones:
“Promover el respeto militar al gobierno civil y evitar el cambio irregular de
gobiernos”.
“Apoyar al Ministerio de Defensa para conseguir la aprobación de la ‘Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas’, a fin de que los militares no vayan a servir en otras instituciones de Gobierno (por ejemplo, aduanas)”.
“Ayudar a los militares a continuar proporcionando una presencia operacional en la frontera norte”.
“Apoyar los esfuerzos para que los militares y la Policía Nacional cooperen y colaboren en el tráfico de narcóticos, el contrabando de armas, la migración ilegal y la lucha contra la trata de personas”.
“Apoyar al Ministerio de Defensa para conseguir la Ley Orgánica de Administración y Control de Espacios Acuáticos (…) la Marina de guerra mejore y controle el movimiento ilícito de drogas, armas y personas”.
Objetivo 7: “Promoción de un poder judicial eficaz e independiente. Tribunales supremos y constitucionales independientes, objetivos, transparentes, y competentes (…) modernos, respetados por la población (…), funcionamiento eficiente y justo”.
“Apoyar al Ministerio de Defensa para conseguir la aprobación de la ‘Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas’, a fin de que los militares no vayan a servir en otras instituciones de Gobierno (por ejemplo, aduanas)”.
“Ayudar a los militares a continuar proporcionando una presencia operacional en la frontera norte”.
“Apoyar los esfuerzos para que los militares y la Policía Nacional cooperen y colaboren en el tráfico de narcóticos, el contrabando de armas, la migración ilegal y la lucha contra la trata de personas”.
“Apoyar al Ministerio de Defensa para conseguir la Ley Orgánica de Administración y Control de Espacios Acuáticos (…) la Marina de guerra mejore y controle el movimiento ilícito de drogas, armas y personas”.
Objetivo 7: “Promoción de un poder judicial eficaz e independiente. Tribunales supremos y constitucionales independientes, objetivos, transparentes, y competentes (…) modernos, respetados por la población (…), funcionamiento eficiente y justo”.
Contexto: “El
tristemente célebre Poder Judicial en el Ecuador es corrupto y está
subordinado a intereses políticos. (…). La posición del Procurador
General ha sido ocupada por una persona nombrada para tres años, al igual que
la posición del Contralor General, y los partidos políticos tratan de colocar a
su propia gente en esas posiciones de poder. Un esfuerzo de vigilancia
internacional para elegir los nuevos magistrados de las cortes supremas ya está
en marcha, pero se complica por el hecho de que el proceso utilizado es
técnicamente inconstitucional”.
Acciones: “Apoyo a la supervisión local de la selección de los magistrados de la Corte Suprema y los jueces del Tribunal Constitucional, el nombramiento de Fiscal General y Contralor General”.
Acciones: “Apoyo a la supervisión local de la selección de los magistrados de la Corte Suprema y los jueces del Tribunal Constitucional, el nombramiento de Fiscal General y Contralor General”.
“Brindar
capacitación y asistencia a los nuevos magistrados en la toma de posesión de
sus cargos. Tal vez financiar viajes a los EE.UU., tanto para su
entrenamiento como para ayudarlos a construir su credibilidad”.
“Brindar capacitación y asistencia a los niveles inferiores del sistema judicial que parezcan honestos”.
“Incrementar programas de divulgación en escuelas de derecho, para ayudar a construir una nueva clase más profesional y ética de los abogados que pueden funcionar en el sistema de justicia oral que va a ser implementado”.
“Desarrollar programas para el control ciudadano de las actividades judiciales dirigido a controlar jueces y abogados corruptos e inhabilitar sus visas”.
“Brindar capacitación y asistencia a los niveles inferiores del sistema judicial que parezcan honestos”.
“Incrementar programas de divulgación en escuelas de derecho, para ayudar a construir una nueva clase más profesional y ética de los abogados que pueden funcionar en el sistema de justicia oral que va a ser implementado”.
“Desarrollar programas para el control ciudadano de las actividades judiciales dirigido a controlar jueces y abogados corruptos e inhabilitar sus visas”.
“Promover la
igualdad de acceso a la justicia mediante servicios locales para los grupos
vulnerables”.
“Fomentar y apoyar los mecanismos de supervisión para la ejecución a nivel local de un sistema judicial de defensa pública nacional”.
“Fomentar y apoyar los mecanismos de supervisión para la ejecución a nivel local de un sistema judicial de defensa pública nacional”.
Uno de los
primeros indicios de que el plan había empezado a ser ejecutado se revela en un
cable de 7 de febrero de 2006 (06QUITO321), codificado como confidencial, en el
cual se resume la visita al país del subsecretario adjunto para asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Charles
Shapiro, producida a inicios de enero.
Conforme lo
revela el cable, el objetivo de la visita fue “Shapiro promueve la democracia”.
Jewell destaca de la visita varias reuniones del funcionario con miembros de la élite política, empresarial, líderes de la sociedad civil, funcionarios de distintos niveles del Gobierno, empezando por el presidente Alfredo Palacio, y con el denominado “Grupo de trabajo para la promoción y fomento de la democracia y la transformación del Ecuador”. “Tanto los funcionarios del Gobierno, y de hecho todas las audiencias, se mostraron receptivas al mensaje de Shapiro sobre la promoción y fortalecimiento de la democracia, la inclusión política y el comercio”.
Shapiro también hizo una importante recomendación interna a la embajada y al “equipo de trabajo por la democracia”, “acercamiento a las clases más bajas, que serán claves para la selección de próximo Gobierno de Ecuador”.
Jewell destaca de la visita varias reuniones del funcionario con miembros de la élite política, empresarial, líderes de la sociedad civil, funcionarios de distintos niveles del Gobierno, empezando por el presidente Alfredo Palacio, y con el denominado “Grupo de trabajo para la promoción y fomento de la democracia y la transformación del Ecuador”. “Tanto los funcionarios del Gobierno, y de hecho todas las audiencias, se mostraron receptivas al mensaje de Shapiro sobre la promoción y fortalecimiento de la democracia, la inclusión política y el comercio”.
Shapiro también hizo una importante recomendación interna a la embajada y al “equipo de trabajo por la democracia”, “acercamiento a las clases más bajas, que serán claves para la selección de próximo Gobierno de Ecuador”.
“Internally,
PDAS Shapiro encouraged embassy outreach to the lower classes, who will be key
to the selection of Ecuador’s next government at the polls in October”.
El cable
indica, además, que Shapiro se reunió el 19 de enero con el equipo
editorial del diario El Comercio “para promover las prácticas democráticas, (…)
la inclusión política, promover las economías abiertas y el comercio como un
vehículo para reducir la pobreza”.
El comentario
con el cual concluye la embajadora Jewell el cable muestra la verdadera
agenda oculta de la visita, que es camuflada por un discurso y una
declaración de buenas intenciones alrededor del fortalecimiento de la
democracia, cuando evidentemente se intentaba disminuir la candidatura de
Rafael Correa.
La embajadora
Jewell complementa la recomendación de Shapiro: “ante las nuevas elecciones, el
ex ministro de Finanzas, Rafael Correa, se perfila como un impetuoso candidato
de izquierda ‘outsiders’ con credenciales académicas y de gobierno, (…)
fácilmente podría ganar espacio (…) un acercamiento eficaz de la embajada con
las clases más bajas posiblemente podría ayudar a disminuir la atracción de los
candidatos antiestadounidenses”. “Effective embassy outreach to the
lowest classes could conceivably help blunt the appeal of anti-American
candidates”.
La
embajada esbozó el “Plan de acción para la democracia y la estabilidad”
con el claro objetivo de detener la nueva corriente de cambio que se venía
gestando en el país y el imparable triunfo del presidente Rafael Correa. Cabe
mencionar que Argentina y Chile ya estaban liderados por presidentes de
izquierda, y lo propio se venía venir en Bolivia, Nicaragua y Honduras.
Es decir, en
la región brotaban vientos de cambio que a su paso iban arrinconando la
influencia norteamericana que había reinado por años.
BOLIVIA
EXCLUYE EL MAR DE ASAMBLEA OEA
Entre
los proyectos de resolución presentados ante la OEA para ser votados en la
Asamblea en Cochabamba, Bolivia no incluyó ninguna sobre su demanda marítima.
El Boy al Día de Chile
www.elboyaldia.cl/node/16005)
A 22 días de
que comience la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), en Cochabamba, Bolivia, el organismo multilateral dio a conocer las
propuestas de resolución que han presentado los 32 países miembros para que
sean votadas en la reunión que se realizará entre el 3 y el 5 de junio.
Pese a que el
tema central será la “seguridad y soberanía alimentaria”, tal cual
propuso Bolivia como país anfitrión, en la sede de la OEA en Washington se
presentaron 55 proyectos de resolución sobre diversos temas. Entre éstos, sin
embargo, no figura la demanda marítima boliviana.
La Paz hizo llegar
a la OEA sólo dos propuestas de resolución: la primera busca el respaldo
internacional a la costumbre milenaria de los indígenas altiplánicos de
masticar la hoja de coca y, la segunda, busca prohibir la existencia y
utilización de mercenarios en la región.
Según fuentes
diplomáticas bolivianas, La Paz ha sondeado a través de diferentes vías el
respaldo que tiene el reclamo marítimo contra Chile.
El tema no
sólo fue tratado por el Presidente Evo Morales y el canciller David
Choquehuanca en sus encuentros bilaterales. Además, se dieron instrucciones
expresas al embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary Rodríguez, para que
midiera entre los representantes diplomáticos de América Latina el apoyo a una
nueva resolución condenatoria contra Chile, tal como la OEA realizó en 1979 y
1983.
Sin embargo,
la iniciativa no habría contado con el apoyo necesario y La Paz se habría
desistido de enviar una propuesta de resolución.
Para la
cancillería chilena, afirman fuentes diplomáticas, este escenario era
esperable, aunque todavía existe bastante preocupación por el discurso que dará
el Presidente Evo Morales al inaugurar la asamblea y las declaraciones del
canciller David Choquehuanca sobre la aspiración marítima durante las sesiones,
la que prevén serán muy duras contra Chile.
EVO
MORALES ACUSA DE DROGADICTO A FAMOSO COMENTARISTA DE BOLIVIA
El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com/mundo)
El presidente
de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy de drogadicto al famoso comentarista de
radio y televisión Carlos Valverde, quien dijo que cuando el mandatario era
sindicalista hace una década protegió a los productores de coca en la
colocación de explosivos contra policías. El presidente Morales rechazó la
versión de Valverde sobre la colocación de "cazabobos" en la región
cocalera. El mandatario vinculó al comentarista con el consumo de drogas
después de que éste recordara la violencia que hubo en la región productora de
coca cuando Evo Morales era sindicalista. "Sostengo que cuando se ponían
los 'cazabobos' (minas antipersonales de fabricación casera) en Cochabamba, él
como dirigente cocalero no decía nada, ni se oponía. Consecuentemente estaba de
acuerdo en la metodología de resistencia de los cocaleros", dijo Valverde
a la televisora Gigavisión. Al menos tres policías murieron hace 10 años por
los explosivos "cazabobos" cuando participaban en operativos
antidroga en el trópico de Cochabamba, donde están los productores de la hoja
de coca, organización sindical dirigida hace 25 años por Evo Morales. Valverde
recordó que el objetivo de utilizar los explosivos "cazabobos" era
sembrar el terror entre la fuerza pública que tenía la misión legal de
erradicar los cultivos ilegales de coca.
ESTADOUNIDENSE
OFRECE SACAR DE LA QUIEBRA A AEROLÍNEA BOLIVIANA
Terra de Perú (www.noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica)
Un empresario
minero estadounidense ofreció salvar de la quiebra a la principal aerolínea
privada de Bolivia, AeroSur, ahogada en millonarias deudas, se informó el
lunes. William Petty, con pequeñas inversiones mineras auríferas en el país,
ofreció aportar capital para mantener las operaciones de Aersour, dijo a The
Associated Press una representante del empresario que pidió anonimato porque no
estaba autorizada a dar declaraciones. Petty es accionista de Franklin Mining
Inc. fundada en Colorado en 1864.
Petty estaba
reunido el lunes con sus socios a la espera de respuestas de los accionistas de
la aerolínea a quienes propuso aportar capital pero no asumir deudas que pasen
los 20 millones de dólares.
Sergio Asbún,
representante de los accionistas bolivianos, dijo a la AP que todavía están
analizando la oferta de Petty pero declinó dar más detalles.
La semana
pasada Petty se reunió con trabajadores de la aerolínea a quienes prometió
cooperar.
El lunes una
decena de funcionarios se declararon en huelga de hambre en los mostradores de
Aerosur en el aeropuerto de El Alto. "Exigimos estabilidad laboral, el
pago de nuestros salarios y pedimos a los accionistas que acepten la propuesta
del señor Petty", dijo a la AP el dirigente sindical Elias Quispe. Más de
1.000 empleados trabajan en la compañía.
La crisis en
Aersour se agravó en marzo tras un fallo judicial que autorizó al Servicio de
Impuestos Nacionales retener el 100% de los ingresos de la compañía por la
venta de pasajes debido a las deudas impositivas.
Desde enero
Aerosur suspendió y reprogramó 89% de sus vuelos. Hasta diciembre realizaba 26
viajes diarios locales e internacionales, según la Dirección General de
Aeronáutica Civil. La compañía hace viajes con aviones alquilados a Buenos
Aires, Sao Paulo, Miami y Madrid.
AeroSur no
pudo cumplir ni siquiera con sus proveedores de combustible, dijo hace poco el
ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez.
El gobierno
no ayudará mientras la empresa no pague sus deudas, transparente sus finanzas y
defina un plan de reestructuración, según Sánchez.
La crisis
destapó disputas familiares de los accionistas. Sergio Sanzetenea, actual
presidente, acusó a su medio hermano y antecesor Humberto Roca de haber
desfalcado 37,2 millones de dólares, dinero que salió del país. A su vez, Roca
dijo que Sanzetenea se apropió de las acciones.
Roca vive en
Miami desde que dejó del país el año pasado tras afrontar problemas con el
gobierno de Evo Morales que lo acusó de supuesto enriquecimiento ilícito.
AeroSur
inició operaciones en 1992 tras el descalabro de la estatal Lloyd Aéreo
Boliviano y pudo consolidarse en el mercado hasta la llegada hace más de dos
años de Boliviana de Aviación, la estatal creada Morales.
Boliviana de
Aviación bajó el costo de los pasajes para ganar clientes y Aersour la acusó de
competencia desleal hace más de un año. La estatal recibió aportes del gobierno
para arrancar sus operaciones.
Roca también
es investigado por supuestamente ayudar a trasladarse hasta Bolivia a un grupo
de mercenarios húngaros y croatas que en 2009 pretendían asesinar a Morales e
iniciar una guerra civil para separar a la provincia oriental de Santa Cruz,
según la denuncia del gobierno.
VRAE,
CRISIS Y ALTERNATIVAS
La República de Perú (www.larepublica.pe/columnistas)
La Operación
Libertad desató una crisis política por su improvisación, un triunfalismo
alimentado de medias verdades y falsedades para ocultar errores, y por los
muertos, heridos y equipamiento perdido. Cierto, veníamos de un abandono
irresponsable por gobiernos anteriores -carencia logística, presupuestal y
salarial de las FFAA y PNP, corrupción en el manejo de recursos y adquisiciones
impune- pero la responsabilidad de la operación concreta era actual. Por ello
culminó con la renuncia de los ministros del Interior y Defensa (ante su
inminente censura) y mayor desgaste del Presidente del Consejo de Ministros que
los llevó y sostuvo en los cargos. No se ha hecho pública alguna medida frente
a los responsables operativos.
Pero vayamos
al tema de fondo: los remanentes del terrorismo, el narcotráfico creciente y el
Vrae donde se juega el partido central. El área abarca las provincias de La
Convención (Cusco), Satipo (Junín), Tayacaja (Huancavelica), La Mar y Huanta
(Ayacucho) en 4 Regiones. La población rural bordea las 250,000 personas.
El Vrae,
vertientes de los ríos Apurímac y Ene, tiene el eje de su economía en la coca y
la cocaína (un 50% de su Producto Bruto), aunque hay casi 31,000 Has. de café;
20,200 de cacao, y unas 21,500 de frutales y otros. Al 2010, según ONUDD,
existían cerca a 20,000 hectáreas de cultivos de coca. Estaríamos hablando de
cerca a 40,000 familias vinculadas a esta actividad. Su rendimiento superaría
los 3,000 Kg. por Ha. Se producen cerca a 200 toneladas de clorhidrato de
cocaína que salen a Bolivia y Brasil (3er país en demanda mundial de drogas
cocaínicas), o a Ecuador y puertos peruanos para el exterior.
A su vez, en
la zona operan remanentes de SL: un clan familiar, los Quispe Palomino,
diferenciados de Abimael Guzmán. Unos 250 hombres organizados en 4 formaciones
que se denominan PC del P, que han cambiado formas operativas: no asesinan
civiles, pagan por los alimentos que se llevan, se centran en atentados contra
las FFAA y Policiales, y buscan ganar a la población. Cuentan además con varias
ametralladoras MPK que obtuvieron del helicóptero en el que iba Fournier
(negociador del fujimontesinismo) que abalearon en 1999. Cobran cupos, prestan
seguridad a narcotraficantes e incursionan o lo harán en el negocio, lo que les
da dinero.
Escenario
complejo que exige alternativas integrales, de mediano y largo plazo, y
abandonar estrategias que privilegian lo militar a lo político, económico y
social que es central junto a lo policial y militar, y recuperar a la población
y su protagonismo frente a la lógica de las bases militares acuarteladas y
aisladas de estrategias integrales.
Por ello,
planteamos la necesidad de una Autoridad Autónoma del Vrae, dirigida por un
Alto Comisionado del Presidente de la República, con rango de Ministro y
asiento en el Consejo, que centralice funciones, programas y responsabilidades
del Gobierno Central en el Vrae, y trabaje en coordinación con Gobiernos
Regionales y Municipales por un Plan de Paz y Desarrollo en la zona. El Plan
debería integrar presupuestamente recursos nacionales (adicionales a lo que
hay) y regionales para promover cultivos alternativos y sustitución de
cultivos, un Estado que invierta lo necesario en subsidios, procesamiento,
industrialización, energía y transporte para reducir y eliminar la coca y dar
curso a un agro alternativo con activa participación de la población. A su vez,
impulsar servicios de calidad y universales de salud y educación con personal
calificado y desarrollar capacidades. Bajo el manejo estratégico en manos del
Alto Comisionado del Presidente, desarrollar un esfuerzo de inteligencia
electrónica y humana, junto a potenciar el trabajo policial y militar para
seguridad interior, derrotar a los Quispe Palomino y enfrentar el narcotráfico.
Sin duda, exige también enfrentar la corrupción que no solo desvía ingentes
recursos sino que desmoraliza al personal de las fuerzas del orden.
Ello exige un
esfuerzo fiscal. Es hora que el MEF deje de mezquinar recursos, los recaude de
quienes obtienen enormes ganancias de nuestros recursos y atienda también a la
PNP y FFAA, mientras el gobierno asume un profundo proceso de modernización y
moralización institucional.
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